La lucha contra las pandillas bajo el estado de excepción en Honduras
El 6 de diciembre de 2022, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decretó el estado de excepción en varios barrios de la capital, Tegucigalpa, y de la segunda ciudad más grande del país, San Pedro Sula, como parte de un plan de lucha contra los grupos criminales y la extorsión. En medio de la creciente presión para hacer frente a la inseguridad y la decreciente popularidad del gobierno, la aplicación del estado de excepción por parte de Castro se produjo a menos de un año del comienzo de su mandato.41 Después de múltiples extensiones, el estado de excepción ha cumplido un año y su implementación ya abarca 158 de los 298 municipios del país. El gobierno también adoptó medidas que establecieron disposiciones para delegar la seguridad pública a las fuerzas militares, incluyendo la gestión de las prisiones del país, en contraste con las promesas electorales de la presidenta de frenar el crimen organizado con medidas anticorrupción y un enfoque de policía comunitaria.42
A lo largo de los años, los grupos criminales han ejercido una influencia considerable en todo Honduras, un país que geográficamente constituye un punto de tránsito clave para el narcotráfico transnacional. Los grupos criminales han penetrado en las instituciones del Estado, tal como demuestran los frecuentes casos de connivencia entre el crimen organizado y políticos de alto nivel, entre los que destaca el predecesor de Castro, Juan Orlando Hernández, acusado de tráfico de drogas y armas en Estados Unidos.43 Se registran algunos avances en la lucha contra la delincuencia desde que Castro tomase posesión como nueva presidenta del país el 27 de enero de 2022, como por ejemplo la caída en los homicidios entre 2021 y 2022, algo que el gobierno ha atribuido a sus medidas de seguridad44. Sin embargo, los altos niveles de violencia y extorsión han persistido, llevando al gobierno a presumir de firmeza contra la delincuencia rampante en el país.
Un año después de la implementación del estado de excepción de diciembre 2022, este informe explora la evolución de la violencia que se asume vinculada a la actividad de las pandillas entre enero y noviembre. Los datos de la ACLED muestran que las medidas de seguridad adoptadas hasta ahora han dado resultados parciales a la hora de frenar los niveles generales de violencia. Los enfrentamientos armados y la violencia contra civiles han continuado a los largo de 2023, debido a la persistente competencia entre pandillas, especialmente en las sobrepobladas cárceles del país donde la violencia ha aumentado. Las pandillas siguen extorsionando a los trabajadores del transporte para generar ingresos, aunque el ritmo de estos sucesos ha disminuido en 2023 en comparación con 2022. La geografía de la violencia muestra que ha aumentado moderadamente, extendiéndose más allá de los focos del crimen organizado de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Este hallazgo corrobora las afirmaciones de que los grupos criminales se han expandido a otras zonas estratégicas para el tráfico y la producción de drogas. Este fenómeno está potencialmente exacerbado por las medidas del estado de excepción y el aumento de la presión sobre las pandillas en las zonas urbanas más pobladas debido a las frecuentes operaciones de las fuerzas del orden.
Las medidas de seguridad no logran frenar la violencia entre pandillas
A principios de 2023, el gobierno hondureño informó de que los homicidios disminuyeron en 2022 en comparación con el año anterior y atribuyó directamente este descenso a su nueva estrategia de seguridad.45 El gobierno también alegó que el estado de excepción y el despliegue de fuerzas policiales y militares dieron lugar a la detención de más de 1.000 pandilleros y el desmantelamiento de grupos delictivos, así como la incautación de drogas y armas y la disminución de los niveles de homicidio en múltiples municipios en el primer semestre de 2023.46
Como reflejo de algunos de estos avances, entre enero y noviembre de 2023, las medidas de seguridad de Castro pudieron haber provocado un aumento del 45% en el número de los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los grupos armados con respecto al mismo período en 2022. La mayoría de los incidentes violentos registrados tuvieron lugar, como era de esperar, en las zonas urbanas cercanas a Tegucigalpa y San Pedro Sula, respectivamente en los departamentos de San Francisco Morazán y Cortés. Allí el gobierno desplegó 20.000 agentes de policía en diciembre de 2022 para apoyar las operaciones contra las bandas (véase el mapa más abajo).47
A pesar del aumento de los enfrentamientos entre las fuerzas estatales y los grupos armados en el contexto de los sucesivos despliegues de fuerzas en todo el país, los datos de ACLED sugieren que las medidas de seguridad no han logrado hasta ahora frenar de forma significativa los enfrentamientos entre grupos armados. Esa violencia se mantiene a niveles similares a los del año anterior, principalmente debido al aumento de motines en las cárceles. En 2023, los motines carcelarios han alcanzado uno de los niveles más altos desde que ACLED comenzara a monitorear Honduras en 2018, e incluso después de que el gobierno comenzase a decretar medidas de emergencia en el sistema penitenciario y su desmilitarización ya en marzo de 2022.48
Los grupos criminales han adquirido un gran poder dentro del sistema penitenciario, y sus miembros encarcelados dirigen operaciones ilícitas en el exterior.49 En abril, se produjeron motines simultáneos en cuatro prisiones, en los que estaban implicados miembros encarcelados de grupos de delincuencia organizada, dejando como saldo varios heridos y el asesinato de un recluso. Las rivalidades entre pandillas y las condiciones de reclusión se han señalado a menudo como las principales causas de la violencia en las prisiones, un fenómeno exacerbado por el hacinamiento, la mala gestión, y la corrupción de los funcionarios. No obstante, una organización local ha subrayado que la cadena de motines de abril de 2023 puede haber estado relacionada con las reivindicaciones de los presos no atendidas por las autoridades, tales como la separación de miembros de pandillas rivales en celdas diferentes, y quejas de que ex detenidos han sido acosados durante el estado de excepción por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMCO) creadas por el gobierno de Castro en 2022.50 A pesar de la introducción de nuevas medidas para frenar la corrupción y la violencia,51 otras 46 mujeres fueron asesinadas el 20 de junio, después de que miembros de la pandilla Barrio 18 atacaran a rivales dentro de una cárcel de mujeres en Támara, Francisco Morazán.
En respuesta a la crisis del sistema penitenciario, la presidenta Castro ordenó que la Policía Militar de Orden Público (PMOP) coordinara el sistema de seguridad penitenciaria de Honduras a partir del 1 de julio, tras haber sido desmilitarizado en marzo de 2022.52 Castro también anunció un proyecto para construir una prisión de alta seguridad en las Islas del Cisne, que podría privar a los presos del contacto con sus familiares y abogados.53 Ambas medidas contribuyen a la remilitarización de la seguridad pública y aumentan las preocupaciones por las violaciones de los derechos de los presos, ya que los familiares denuncian palizas y tratos degradantes infligidos a los reclusos.54
Persisten los riesgos para la población civil a pesar de los moderados avances en la lucha contra la extorsión
En medio de los persistentes enfrentamientos entre grupos armados, los civiles siguen soportando los efectos letales de la actividad de las bandas criminales. Las sucesivas medidas de seguridad adoptadas en el marco del estado de excepción han tenido resultados parciales para la protección de los civiles frente a la violencia de pandillas. Entre enero y noviembre de 2023, el número reportado de civiles fallecidos solo ha disminuido un 7%, con cerca de 500 muertes informadas. Esto contrasta con una baja más aguda, del 14%, en los niveles de ataques contra civiles por parte de pandillas y grupos armados no identificados (véase el gráfico siguiente). El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha vinculado el aumento de la letalidad a un incremento de los homicidios con víctimas múltiples en 2023, a menudo atribuidos a rencillas entre grupos delictivos.55 Al parecer, han estado reorganizando su red tras la extradición del expresidente Hernández y el traspaso de poder al gobierno de Castro, que puso fin a los 12 años de gobierno del Partido Nacional de Honduras.56 En particular, el 24 de junio, presuntos miembros de la pandilla Barrio 18 (B-18) mataron al menos a 13 personas en Choloma, Cortés, lo que se ha atribuido a un acto de represalia tras la incursión mortal dirigida por la pandilla en la prisión de Támara días antes.57 En contraste, los datos del gobierno sugieren una disminución del 17 % en el número de homicidios en el primer semestre de 2023 en comparación con el año anterior.58 Sin embargo, los datos desagregados del gobierno para el primer semestre de 2023 indican que la disminución afectó significativamente a los homicidios vinculados a la violencia interpersonal más que a los homicidios atribuidos únicamente a las pandillas y a las actividades de extorsión.59 Por lo tanto, incluso teniendo en cuenta las estadísticas comunicadas por el gobierno, podría resultar equívoco vincular exclusivamente el descenso de los homicidios a una disminución significativa de la violencia de las pandillas.
Durante el anuncio inicial del estado de excepción en noviembre de 2022, el gobierno identificó la extorsión como uno de los principales motores de la violencia en el país.60 Mientras se registra una disminución general de la violencia hacia civiles, los datos de ACLED muestran un descenso del número de secuestros y tiroteos dirigidos contra trabajadores del transporte, lo que podría estar más nítidamente relacionado con las medidas de seguridad para combatir la actividad de pandillas. Los trabajadores del transporte corren un riesgo especialmente elevado por ser el grupo más atacado por las pandillas, representando el 16 % de los ataques y secuestros en 2023. Las pandillas han recurrido durante mucho tiempo a la extorsión de los trabajadores del transporte como una importante fuente de ingresos, en particular, amenazando o matando a quienes se niegan a pagar el llamado “impuesto de guerra”.61
Para evitar las operaciones de las fuerzas de seguridad, las pandillas han llegado a infiltrarse en los colectivos de taxistas y conductores de autobuses, utilizando intermediarios y creando redes para el cobro de extorsiones.62 Si bien actualmente las medidas desplegadas durante el estado de excepción muestran escasos resultados en la reducción de los niveles generales de violencia que se asume vinculada a pandillas, de enero a noviembre 2023, ACLED registra un descenso del 35% en la violencia dirigida contra taxistas y conductores de autobús en comparación con el mismo período de 2022 (véase el gráfico siguiente).
Estos resultados muestran algunos avances alentadores en la lucha contra la extorsión. No obstante, la Asociación para una Sociedad más Justa, una organización no gubernamental local, subrayó que la mayoría de las medidas prometidas para luchar contra la extorsión siguen sin aplicarse y que la mayor parte de las detenciones no suelen estar relacionadas con actos de extorsión.63 La disminución de la violencia hacia los trabajadores, especialmente en el sector del transporte, tampoco fue uniforme en todo Honduras. Los avances fueron evidentes principalmente en Tegucigalpa, donde las primeras medidas de seguridad se desplegaron en barrios que mostraban altos niveles de criminalidad y presencia de pandillas. Por el contrario, en San Pedro Sula, se registra un leve aumento de la violencia hacia trabajadores en 2023. Los sindicatos del transporte incluso denunciaron que, además de las principales organizaciones criminales hondureñas B-18 y Mara Salvatrucha (MS-13), nuevas pandillas han comenzado a extorsionar a los trabajadores de su sector, lo que pone de relieve los límites del plan de seguridad para hacer frente a la extorsión en determinadas zonas.64 Algunos también han argumentado que la disminución de la violencia y la extorsión en ciertas zonas urbanas podría haber estado relacionada con acuerdos entre grupos criminales, más que con medidas de seguridad adicionales.65
Si bien la disminución de la violencia contra los transportistas podría indicar un leve progreso en la reducción de la violencia relacionada con la extorsión, la durabilidad de estos resultados aún está por verse. La tendencia se ve notablemente contrastada por la persistencia de la violencia contra estos grupos en San Pedro Sula, en medio de testimonios que refutan que la disminución de la violencia sea imputable a las medidas de seguridad, y una violencia general más mortífera contra los civiles.
Más allá de los epicentros tradicionales del crimen organizado
Los departamentos de Francisco Morazán y Cortés son focos tradicionales del crimen organizado, donde los grupos criminales luchan por el control de las rutas clave del narcotráfico y los puntos de acceso a la costa.66 Dentro de estos departamentos, la violencia se concentra generalmente en zonas densamente pobladas y de gran actividad económica, en particular la capital nacional, Tegucigalpa, Francisco Morazán, y San Pedro de Sula, Cortés.
Aunque Tegucigalpa y San Pedro Sula siguen estando entre las ciudades más violentas del país en 2023, ACLED registra un descenso en el número de eventos violentos y muertes informadas tras la implementación del estado de excepción. En comparación con 2022, las muertes informadas como resultado de la violencia que se asume vinculada a la actividad de pandillas (excluyendo los enfrentamientos con las fuerzas del Estado) disminuyeron en un 23 % y 40 % en Tegucigalpa y San Pedro Sula, respectivamente. En San Pedro Sula, los actores locales han atribuido la disminución de los homicidios en ciertos barrios a una mayor colaboración entre la policía y la comunidad, y a acuerdos entre grupos del crimen organizado, más que a la aplicación del estado de excepción.67
Si bien la letalidad de la violencia ha disminuido en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la tendencia no parece reflejarse en otros municipios de los departamentos. De enero a noviembre de 2023, los ataques hacia civiles y los enfrentamientos entre pandillas en otros municipios de Francisco Morazán, se mantuvieron consistentes con los niveles de 2022. ACLED registra varios incidentes violentos en ciudades al sur de la capital. Mientras tanto, en Cortés, los incidentes violentos han crecido en un 39 %, incluso en aquellos que están en estado de excepción (ver mapa a continuación). Este hallazgo sugiere que la presión adicional de la aplicación de la ley en los centros urbanos probablemente ha llevado a que las actividades de grupos criminales se extiendan o intensifiquen en las zonas rurales y en la periferia de los centros urbanos, una tendencia que se ha observado desde 2014.68 En Choloma, Cortés, la violencia aumentó y se hizo aún más mortífera, como ilustra el tiroteo masivo involucrando a B-18 el 24 de junio, en el que fallecieron 13 personas. El ataque llevó al gobierno a ordenar operaciones adicionales y un toque de queda especial en las ciudades de Choloma y San Pedro Sula para recuperar las zonas tomadas por grupos criminales.69 La violencia también aumentó de forma similar en Omoa (Cortés), un lugar estratégico para que el narcotráfico acceda al puerto de Puerto Cortés y a la frontera con Guatemala.
Sin embargo, la violencia no se limita a los departamentos que albergan los grandes centros urbanos de Honduras. En 2023, en comparación con el año pasado, otros departamentos también han experimentado niveles crecientes de ataques contra civiles, y enfrentamientos atribuibles a pandillas. En el departamento de Intibucá, el número de incidentes violentos superó los niveles anuales de 2022. Informes han reportado que miembros de la MS-13 han cruzado al departamento desde El Salvador para escapar de las operaciones salvadoreñas anti-pandillas.70 Del mismo modo, en Santa Bárbara la violencia ha superado los niveles de 2022, probablemente debido a una guerra territorial en torno al control de la carretera principal que conecta San Pedro Sula con la frontera guatemalteca, así como también la expansión de redes de extorsión y los enfrentamientos armados en la prisión de El Pozo, en Ilama.71
En 2023, en otros lugares, como en el departamento de Colón, tanto la violencia contra civiles y los enfrentamientos entre grupos armados también han superado los niveles registrados en 2022. Parte de la violencia en este departamento se ha producido en el marco del conflicto medioambiental del Bajo Aguán. Los grupos del crimen organizado, en connivencia con las élites políticas, han atacado a activistas que se oponen a proyectos mineros y a su impacto negativo en los recursos hídricos.72 En particular, el 15 de junio, hombres armados asesinaron a un activista ambiental en Guapinol, Colón, meses después del asesinato de su hermano, que también era activista medioambiental. Además, ACLED registra hechos violentos similares en los municipios bajo estado de excepción, como Tocoa y Trujillo. De enero a noviembre de 2023, hombres armados asesinaron al menos a 11 defensores de la tierra y el medioambiente en el país, lo que supera los niveles registrados en años anteriores, denotando que las medidas del estado de excepción también han tenido un impacto limitado en los asesinatos de índole política.
A pesar de los esfuerzos por reforzar la capacidad y la presencia de las fuerzas estatales en todo el país, la violencia ha empezado a extenderse más allá de los focos tradicionales. Las organizaciones criminales han operado notablemente en todo el estado, con operaciones conocidas en la ciudad costera de La Ceiba, Atlántida, en la zona forestal de la Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, en los departamentos cocaleros de Colón y Olancho, y también en departamentos fronterizos con Guatemala a lo largo de rutas estratégicas para el narcotráfico. Reconociendo el mayor alcance de los grupos criminales, el gobierno ha anunciado operaciones de la policía militar en Atlántida, Copán y Yoro, y el despliegue de fuerzas militares adicionales en Colón, Olancho, El Paraíso, y Gracias a Dios en abril de 2023.73 Sin embargo, este esfuerzo se ve contrastado por informes según los cuales los residentes no han percibido una mayor presencia de las fuerzas estatales en las zonas afectadas por las medidas. La falta de recursos y de personal de las fuerzas del orden, especialmente en las zonas rurales, parecen limitar la eficacia de las medidas de seguridad.74
Abordar la impunidad y principales causas de la violencia
La implementación y progresiva expansión del estado de excepción por parte del gobierno coincidió con un descenso de la violencia en algunas de las zonas más violentas de Honduras, incluida Tegucigalpa. Sin embargo, a escala nacional, el estado de excepción decretado por Castro no ha dado resultados uniformes en la reducción de la violencia de las pandillas. Al contrario, la violencia entre las pandillas ha seguido amenazando a la población civil y se ha extendido más allá de las principales zonas objeto de las medidas de seguridad. En general, estos datos indican que el estado de excepción no ha respondido adecuadamente a las causas subyacentes de esta violencia.
Las medidas de seguridad, las múltiples prórrogas del estado de excepción en el país y la restricción asociada de los derechos civiles, incluida la libertad de reunión y circulación, son políticas que han suscitado preocupación por la posibilidad de que sean terreno fértil para violaciones de derechos humanos.75 Las operaciones de las fuerzas de seguridad han sido criticadas especialmente por el uso excesivo de la fuerza y la detención de personas sin pruebas concretas de su participación en delitos de extorsión.76 En junio, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos informó de 193 denuncias de abusos de la fuerza policial y militar durante el estado de excepción, como el uso de la fuerza física para obtener información, la vigilancia policial fuera de las propiedades de los civiles, y disparos durante las redadas con el fin de intimidar.77 Además, la transferencia del control del sistema penitenciario a la policía militar a finales de junio y la propuesta de construcción de una prisión de alta seguridad, se han interpretado como una señal de que Honduras podría endurecer las medidas de seguridad. La propuesta recuerda a la construcción de la “cárcel más grande de América,” en El Salvador, denunciada por incumplir las normas internacionales sobre derechos de los presos. Se teme que el gobierno de Castro aplique una política de mano dura en línea con la guerra contra las pandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele, renegando de su compromiso de defender los derechos humanos e implementar mecanismos adecuados de supervisión y denuncia para las víctimas de la violencia.
El estado de excepción no contempla reformas enfocadas en la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones policiales y judiciales, que permitiría garantizar el fin de la impunidad y el procesamiento de los autores de la violencia. Con ello, parecería que el estado de excepción no consigue hacerse cargo de las causas primordiales de la violencia de las pandillas El gobierno de Castro se comprometió a crear un organismo anticorrupción, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, para investigar y perseguir estos delitos, pero los requisitos de reforma de la legislación nacional de Honduras han paralizado su instalación.78 Además, los recientes desacuerdos entre el partido LIBRE de Castro y la oposición sobre la elección de funcionarios del Ministerio Público podrían poner en peligro los esfuerzos de lucha contra la corrupción. De hecho, los dudoses fundamentos legales bajo los cuales se nombró al nuevo Fiscal General y al Fiscal General Adjunto han concitado preocupación en Estados Unidos, un importante socio extranjero de Honduras y probable donante del organismo contra la impunidad, lo que debilita la confianza en el compromiso del gobierno de Castro con la transparencia y el estado de derecho. La corrupción en el seno de las instituciones estatales sigue mermando la capacidad del Estado para hacer frente con eficacia a las pandillas, incluso los casos que cubren la participación de las fuerzas antipandillas en extorsiones y ejecuciones extrajudiciales —algunas presuntamente en connivencia con grupos criminales. Por lo tanto, cualquier efecto duradero de los esfuerzos de Castro para reducir la violencia se sostiene en la capacidad del gobierno de desmantelar eficazmente las redes que vinculan a los actores políticos con los grupos delictivos, que hasta ahora han permitido a estos últimos actuar impunemente.
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